El Estado K'ollo

La brutal represión contra la marcha pacífica de los indígenas de tierras bajas marca un punto de inflexión en la política. No es el único, pero sin duda es más fuerte y con alto contenido simbólico. En estos días de dolor, de indignación, quiero concentrarme en el punto de quiebre que se ha producido en el sistema de gobernabilidad vigente desde el año 2006, con la elección del presidente Morales.

A mediados de los años 80, con la recuperación de la democracia, los partidos políticos eran los instrumentos de mediación entre los intereses de la sociedad y el Estado. Estos, durante más de 20 años, a través de diferentes pactos políticos, consiguieron ciertos grados de gobernabilidad lo que permitió equilibrios políticos y la implementación de un modelo de desarrollo económico fuertemente concentrado en la acción del mercado y el sector privado. Eran los tiempos de la democracia pactada. El desmoronamiento de este sistema comenzó cuando los partidos políticos tradicionales se alejaron de la sociedad y convirtieron al Estado en un espacio de arreglos espurios y clientelares que sólo reflejaban intereses de ciertas élites políticas y económicas.

La ruptura entre la sociedad y los partidos políticos llevó a una crisis grave de gobernabilidad que posteriormente se convirtió en una crisis estatal. Las luchas intestinas entre caudillos, un modelo económico que no atendía las necesidades de la gente y un descrédito profundo de la clase política produjo la desaparición de este sistema.

Con esperanza, a partir del 2006, la sociedad boliviana votó masivamente por una alternativa política que prometía un nuevo sistema de gobernabilidad. Los intereses de la sociedad se reaglutinaron en grupos corporativos, los movimientos sociales. La voz política se legitimaba a través de sindicatos, comités regionales, agremiaciones, juntas vecinales, entre otros. La mediación entre sociedad y Estado pasaba por estos grupos.

El poder político del MAS se sustentaba en un pacto entre diferentes corporaciones, conocido como el Pacto de Unidad, que en un principio tenía su referencia aglutinadora en los grandes temas nacionales como: la nacionalización del sector de hidrocarburos o la elaboración de una nueva Constitución Política del Estado. Entendida esta última como un gran pacto social entre estos movimientos sociales. Era la oportunidad para la construcción de un nuevo bloque histórico que desmontaría el neocolonialismo y neoliberalismo. La Constitución era el plano arquitectónico que debería ser la guía para la construcción del nuevo Estado.

Elaborada la nueva Constitución y atendidas varias de las reivindicaciones en la letra muerta de la Carta Magna. Poco a poco los movimientos sociales colocaron en un segundo plano el horizonte de los intereses nacionales y comenzaron a buscar la materialización del pedacito del paraíso ofrecido por el proceso de cambio. Pasó el momento de la retórica y la poesía jurídica, comenzó el juego bilateral, entre corporaciones y Estado. La lucha por las rentas se puso más dura en un contexto de hiperinflación de expectativas. Se inicia la disputa por los pedazos de la felicidad económica instantánea que el Gobierno había prometido. No se puede atender a todos y el oficialismo está frente a la difícil tarea de priorizar las demandas de los movimientos sociales. ¿Quienes serán los elegidos? ¿Qué criterios utilizar para escogerlos? ¿Lealtad, capacidad de cuestionamiento al poder, capacidad de presión?

En el fondo, el tema del Tipnis es uno de los primeros choques entre dos movimientos sociales que tienen visiones y prácticas muy diferentes del desarrollo económico y manejo del ecosistema por ejemplo. Por una parte, los colonizadores y cocaleros apuestan a las carreteras para integrarse a un mundo cada vez más capitalista y globalizado. Por otra parte, las organizaciones de las tierras bajas optan por un desarrollo conservacionista del medio ambiente, buscando proteger sus tradiciones e intereses económicos. Frente a esta disputa, el Gobierno optó por los colonos y cocaleros, una especie de guardia Pretoriana del proceso de cambio, pero al hacerlo clavó un filoso puñal en el corazón del sistema de gobernabilidad político basada en los movimientos sociales. El conflicto del Tipnis podría ser el inicio de la erosión de las bases de la gobernabilidad. A partir de la intervención de la marcha nada será igual.

Todo indica que la conflictividad en el país volverá a sus cursos del pasado. Los problemas de gobernabilidad podrían, muy rápidamente, convertirse en crisis estatal. Y según los últimos datos sobre la caída de los precios de las materias primas, la economía ya no ayudaría a atenuar la crisis política como en el pasado inmediato. El peligro es volver al Estado K’ollo, un Estado que no avanza ni da vida a una nueva sociedad.