Las empresas, como los seres humanos, atraviesan por un ciclo en la vida. Los emprendimiento nacen, crecen, se reproducen y, en la mayoría de los casos, mueren. Cuando se cree que las empresas – privadas, públicas o sociales, especialmente en el sector productivo - son una de las fuentes centrales de generación de valor para la sociedad, de creación de riqueza y empleo, se deben desarrollar políticas públicas de largo plazo en el campo industrial y de creación de ecosistemas, para que las células en el cuerpo económico se desenvuelvan con el menor trauma posible en el ciclo de vida de los negocios. Este es uno de los secretos del desarrollo económico, social y medioambiental.
Con la promulgación de la Ley de Creación de Empresa Sociales, el Gobierno ha demostrado, una vez más, su preferencia por la necrofilia ideológica (la atracción por ideas muertas) y ha perdido una gran oportunidad para crear un sistema de reestructuración del tejido empresarial. Al calor de una campaña electoral prematura ofrece a los trabajadores pasarles la administración de empresas en procesos de quiebra, liquidación o abandono.
Puesto en lenguaje coloquial: se propone repartir moribundos y cadáveres empresariales para que los trabajadores, ahora en el papel de accionistas, busquen milagros estratégicos a través de empresa sociales. La intención parece loable, pero es equivocada y vulnera toda comprensión del desarrollo empresarial.
Si el objetivo es preservar el tejido empresarial y preservar empleos, se requieren sistemas para entender y evaluar por qué ciertos emprendimientos están quebrando o se han cerrado. Las empresas atraviesan por situaciones de turbulencia o quiebras por causas externas: la desaceleración de la economía; la aparición de competencia, nacional o extranjera, más competitiva y de costos menores, lo que deriva en pérdida de mercados; el surgimiento de cambios culturales en los gustos o preferencias de los consumidores; las políticas gubernamentales inadecuadas, como un tipo de cambio apreciado que fomenta las importaciones legas e ilegales o la inseguridad jurídica; la aparición de nuevas tecnologías y otros.
También hay causas internas: la mala gestión, la corrupción en la alta gerencia, la falta de gobiernos corporativos, el sabotaje de trabajadores y otros. Para hacer frente a estos múltiples problemas se requieren sistemas público-privados de reestructuración de empresas. En el año 2002 se dictó una normativa que apuntaba en esa dirección, con resultados que, según el Gobierno, sólo favorecían a los empresarios, pero fue un fracaso por lo que se la abolió. Ahora el Gobierno lleva el péndulo al otro lado, se lanza esta nueva ley que favorecería a los trabajadores pero con tremendos vacíos conceptuales y legales, como la anterior norma.
Los procesos de reestructuración de empresas modernos pueden estar a cargo del Gobierno o cámaras empresariales con participación de trabajadores. El primer paso de una reestructuración es la evaluación de la empresa para conocer porqué está al borde de la quiebra. Segundo es ver si se requiere una reestructuración estrategia u operativa. Con este diagnóstico se puede buscar la estabilización de la empresa para, posteriormente, devolverle el crecimiento en base a un nuevo modelo de negocios y estrategia, por ejemplo.
Dependiendo de cada caso, para recuperar una empresa tal vez se requiera buscar la fusión con un competidor o la venta total o parcial a una empresa que tenga más capacidad financiera y gerencial. También se podría estatizar la empresa o entregar la administración a los trabajadores o, finalmente, llevar a cabo una liquidación ordenada de los activos.
Hecho un diagnóstico y evaluación de la viabilidad de la empresa, ¿pueden los trabajadores salvar o administrar eficientemente la empresa? Por supuesto que sí. Pero no depende simplemente de su voluntad, experiencia o capacidad técnica; el desempeño de unidad productiva está en función del desarrollo del mercado, del acceso al crédito, la tecnología, de las políticas publicas y de muchos otros factores.
Entregar a los trabajadores empresas en dificultades y sin apoyo complementario es pura demagogia. Recibir empresas en dificultades, sin diagnóstico profundo de los orígenes de los problemas, sin propuesta de reestructuración clara, sin apoyo de una política industrial, también es un riesgo innecesario que toman los trabajadores.
Cuando una empresa tiene problemas estructurales de mercado o se basa en un idea equivocada, no la salva ni los trabajadores, ni gerentes de primera, ni los empresarios más agudos, menos el Estado. A ellas cristiana sepultura y a buscar el siguiente emprendimiento.
A los muertos hay que enterrarlos y no entregarlos a los trabajadores para velarlos. Es posible recuperar a los moribundos, pero se requiere de intervenciones precisas en el marco de políticas productivas, sistemas de reestructuración transparentes y no impulsados por el calor electoral.
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