Cambio de la Ley de pensiones

Gonzalo Chavez  A.  • Economista- Directo a la yugular. El sistema de seguridad de largo plazo requiere un cambio urgente. Tres puntos sobre el tema de la reforma de pensiones. Cobertura del sistema, recuperación de la solidaridad, y administración de los fondos.
Desde hace casi 14 años, Bolivia cuenta con un sistema de cobertura universal. El Bonosol, ahora convertido y mejorado en Renta Dignidad, es un avance significativo en el régimen de seguridad social de largo plazo. Se lo financia con las rentas provenientes del sector gasífero. Ciertamente no es mucho dinero, pero ha ayudado en el alivio de la pobreza y reactivación económica, desde la base de la pirámide social. Es un ejemplo de continuidad de políticas públicas. Poco importa, si los políticos de turno, en el árbol del poder, lo reconozcan o no. El sistema de capitalización individual que sustituyó al antiguo sistema de reparto, cubre aproximadamente al 25 por ciento de la población económicamente activa. Groso modo, este es el tamaño del sector formal en Bolivia, el restante 75 por ciento de la gente, millones de comerciante, transportistas, trabajadores y profesionales independientes,  productores del sector rural, artesanos, gremialistas, empleadas domésticas no cuentan con un seguro de vejez, y deben rezar que la renta dignidad se mantenga. La ampliación de la cobertura de la seguridad, para que estas  personas lleguen a la tercera edad de manera digna, es un desafío complejo de la política pública. Parte importante de esta población sobrevive en la informalidad neoliberal, una es muy próspera y feliz, porque no paga impuestos, y la gran mayoría es pobre. El proyecto de Ley de Pensiones dice muy poco sobre el tema. Apuesta que los independiente se animen a hacer sus contribuciones. La Ley actual propone lo mismo, y no se avanzó nada en los últimos años. Si reconocemos que se debe ampliar la cobertura, debemos ser capaces de responder las siguientes preguntas son: ¿cómo se financia ésta? y ¿de qué manera el sector informal rico contribuye al sistema?
El tema de la solidaridad. Unas preguntitas: ¿Solidaridad intergeneracional? ¿Los jóvenes son solidarios con los abuelos? ¿Solidaridad intrageneracional? ¿Los que gana más ayudan a los que reciben menos? ¿Solidaridad intersectorial? ¿Los formales son solidarios con los informales, o viceversa? El Fondo solidario propuesto por el gobierno se concentra en las cuatro primeras preguntas, trabajadores con mejores salarios (0.5 por ciento adicional al 10.) y empresas (3 por ciento) deben contribuir para ayudar a los jubilados de menores ingresos. Las empresas pueden financiar estas contribuciones, repasándolas a los precios, los trabajadores  pondrán de sus bolsillos, y aún sufrirán con el aumento del costo de vida, pero ni el Estado ni el sector informal pondrán un solo peso para este fondo solidario. Los que pagamos impuestos subsidiamos la educación y salud del gigantesco sector informal. ¿Será que el gobierno piensa que es suficiente con la entrega de la renta dignidad?
Con el cambio de la Ley de Pensiones, están en juego 4.200 millones de dólares, más del 27% del producto nacional. Dicho de otra manera, buena parte de la riqueza de las clases trabajadores de Bolivia.  Cabe recordar que cada centavo de este dinero ha sido ahorrado en base a “sangre, sudor y lágrimas” por más de 500.000 personas en el Fondo de Capitalización Individual (FCI) que en la actualidad es administrada por las AFPs. Este ahorro colectivo es un patrimonio de los bolivianos(as) que se debe preservarse. 
El tema más polémico del cambio de la Ley de Pensiones es quién administrará estos recursos.  La propuesta del gobierno es que un ente público administre las cuentas individuales. Dados los antecedentes del pasado, de la pésima gestión de jubilación, y la tremenda crisis institucional por la que atraviesa el país, ésta es una muy mala y peligrosa idea. Se trata de una forma de confiscación disfrazada para todos los bolivianos que confiaron en el sistema de capitalización individual. ¿Qué garantías tenemos, los actuales contribuyentes,que estos recursos serán bien administrados?  Voces oficiales han sugerido que se pondrán candados jurídicos a estos fondos y que los administradores de esta entidad pública serán nombrados por la Asamblea. Estas películas son viejas y ya las vimos muchas veces. El resultado es que se nominará a compañeros del partido político de turno, no importa si es el tercero de la lista. Ademas, los nuevos dueños del poder son expertos abriendo candados. Entonces, ¿como creerle la promesa, al cerrajero?
Lo más sensato en el tema de la administración sería tener AFPs privadas y públicas. Estas instituciones deberían competir en calidad, servicios, mejores rendimientos para atraer nuestras contribuciones. Los ciudadanos (as) elegirían, cada cierto período de tiempo, dónde colocar el ahorro de toda nuestra vida. Seguramente, algunos optarán por el sector público y otros por el privado.  Esto es avanzar en la democracia directa y económica.
La yapa, al calor de la negociaciones saliariales del 5 por ciento, se anunció la rebaja a 58 años de la edad de jubilación. El populismo neorevolucionario, sacó tarjeta roja, a un capital humano valioso que aún puede rendir mucho para beneficio del país, tiramos por la ventana la experiencia de varias generaciones. Muy dantesco pasar la factura de esta medida las futuras generaciones. Fiesta en el Infierno de Dante….Escóbar.
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