Defino evoeconomics como el modelo primario exportador que fomentó el consumismo y promovió una distribución populista de la renta, a base del ingreso de 60.000 millones de dólares en 10 años, resultado del incremento de precios de las materias primas.
Los desafíos del postevoeconomics no excluyen la continuidad del gobierno del presidente Morales, si insiste en su repostulación y, por supuesto, también consideran una posible toma de poder por parte de la oposición.
La agenda postevoeconomics es compleja y es la misma para ambas opciones. Entre los temas más delicados están: la corrupción endémica (¿microcorrupción?), la inseguridad ciudadana, las carencias del sistema de salud, la debilidad institucional, la escasa diversificación del aparato productivo, el desastre de la justicia, las pulsaciones autoritarias, tanto del Estado como de la sociedad, el culto a la personalidad, entre otros. A nivel macroeconómico están los desafíos de cómo corregir los ajustes fiscal, cambiario y comercial.
Hoy nos concentraremos en la agenda de política social de corte distribucionista implementada por el Gobierno, que según datos oficiales habría ayudado a reducir la pobreza y mejorado la distribución del ingreso.
La política social se basó sobre todo en: 1) mejoras en el ingreso salarial a través del aumento del salario mínimo. 2) Distribuciones de bonos como el Juancito Pinto, Juana Azurduy, segundo aguinaldo y otros. 3) Distribución de rentas económicas para diversos grupos sociales a través de legislación laxa o favorable. Independientemente del camino seguido, esto consolidó una forma de organización social y política basada en corporaciones dependientes del Estado que, en la mayoría de los casos, creó relaciones clientelistas con el Gobierno. Mi voto a cambio de una renta.
La hipótesis que sostengo es que este tipo de política social está estructuralmente ligada al modelo primario exportador y a la política populista. La agenda postevoeconomics deberá
convivir con ella por mucho tiempo. Modificarla requería de un enorme capital político.
Abandonarla de sopetón podría ser el origen de mucha inestabilidad social y política, pero al mismo tiempo mantenerla sin modificaciones hará muy difícil un cambio estructural del modelo económico. Es la trampa del rentismo.
Entre 2006 y 2016, el salario mínimo subió en 261%, ciertamente algo muy deseable, desde la perspectiva del trabajador. Entretanto, esta medida distributiva, en un periodo de desaceleración económica y hambruna fiscal como la que vivimos en la actualidad, se hace insostenible. El riesgo hacia delante es que se convierta en un elemento de inestabilidad macroeconómica.
Mantener esta conquista requiere conectar la política salarial a la productividad de la economía e incorporar la variable de empleo productivo y sostenible. En la actualidad sólo un 20% de la población económica activa tiene este privilegio. Ampliar este beneficio implica un nuevo tipo de industrialización y estructura de empleo.
La política de bonos también estará en la agenda postevoeconomics por mucho tiempo y es responsable parcial por la mejoría en la distribución del ingreso. Ésta es una política estatal que se origina en el Bonosol, pasó por el Bolivida y ahora se ha consolidado como Renta Dignidad. La misma idea se amplió a otros grupos sociales. A futuro, los desafíos son despolitizarla, focalizarla mejor en los grupos más necesitados, garantizar su financiamiento sano y, sobre todo, conectar esta demanda a un proceso de diversificación productiva e industrialización nacional. Ahora buena parte de esta renta se escapa del país vía importaciones de alimentos, por ejemplo.
Finalmente, está el tema más espinoso de la agenda postevoeconomics, que es la distribución de rentas con criterios políticos.
Las rentas coyunturales del gas natural, de los minerales, del cultivo de la hoja de coca o del comercio han servido para generar una sensación de mayor riqueza vía aumento del consumo, pero también han ayudado a cooptar parte de la sociedad y a corporativizarla. En efecto, las rentas de gas natural se destinaron a los diversos bonos, la creación de empleo estatal y una inversión pública conducida por el capricho político antes que por una visión productiva de largo plazo.
Las rentas mineras fueron distribuidas entre las nuevas élites cooperativistas bajo el patrocinio de una legislación laxa. El apoyo de los mineros al Gobierno se mantuvo en la medida en que los precios de los minerales estaban en alta; cuando se revirtió esta situación, el matrimonio, por conveniencia, se rompió de manera trágica.
La producción excedentaria de hojas de coca también consolidó el apoyo de este grupo al Gobierno. En realidad, esta es la corporación más privilegiada y actúa como guardia pretoriana del proceso de cambio. La ampliación a más de 22 mil hectáreas del cultivo "legal” muestra el mecanismo de captura de la renta generada por esta actividad.
La apertura comercial -que creó una enorme renta de importaciones, mediante un tipo de cambio real apreciado- benefició especialmente a una nueva burguesía comerciante, el grueso de ella en el sector informal.
Sin duda, esta transferencia de rentas, desde el Estado o a través de ciertos tipo de políticas públicas, creó cierto tipo de lealtades sociales y políticas, que se convierten en un derecho adquirido, pero que es muy vulnerable a las oscilaciones de los precios de las materias primas que exportamos y de los ingresos fiscales recibidos por estos rubros.
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