Evo Noel y el espejismo populista

Gonzalo Chávez A.

Papá Noel se vino del Polo Norte a Bolivia y se unió al proceso de cambio. Analicemos el impacto económico de Decreto Supremo (DS) 1802 que establece el segundo aguinaldo (2G).
1) El DS establece que el 2G se pagará toda vez que el Producto Interno Bruto (PIB) anual esté por encima del 4,5%. Esta justificación para gatillar el aguinaldazo adolece de problemas técnicos y es discriminatoria.
El PIB es el promedio de crecimiento de todos los sectores de la economía. En  2012, hidrocarburos creció al 14,7%, servicios financieros al 9% y construcción al 9,2%, valores por encima del periodo que fue de 5,2 %.
Entretanto, sectores como minería (-7,2%), comercio (3,8%) y transporte (2,9%) registraron tasas de crecimiento negativas y/o muy por debajo del promedio. En el primer semestre de 2013 ocurrió algo parecido, agricultura, minería y comercio crecieron por debajo del 6,5%.  En suma, no todos los sectores generaron la misma riqueza.
El parámetro del PIB tampoco distingue entre el desempeño del gigante ENTEL y la pequeña empresa Tortas Dolly. Tampoco es lo mismo vender gas natural al exterior, bajo un contrato que garantiza precio y cantidades, que comercializar muebles al mercado interno y externo con precios que están sometidos a una intensa competencia. En este contexto no es justo que a todos se los meta en una misma bolsa.
2) También se afirma que el aguinaldazo sería un incentivo a la producción en las empresas, pero vale recordar,  por ejemplo, que  buena parte de las ganancias de compañías grandes ha crecido en los últimos años, piense en YPFB, gracias a la subida espectacular de los precios de los recursos naturales (gas). El grueso del aumento del valor de la producción se debe al efecto precio  y casi nada al incremento de la productividad. Entonces, cuando el Gobierno propone el 2G está premiando la suerte de tener precios elevados del mercado externo y no el esfuerzo productivo.
 3) El aguinaldazo  tendrá un impacto sobre la inflación, que ya está elevada. Hasta fin de año será superior al 7,5% y la inflación de alimentos podría llegar al 15%. En este contexto, la gigantesca inyección de liquidez, que significa el 2G, ciertamente acelerará la inflación por el impulso de la demanda agregada y también por el lado de la oferta en las empresas fijadoras de precios.
Cabe recordar que la economía boliviana está sobrecalentada, crece al 6,5%. Las empresas están cerca de la plena capacidad y los comerciantes ya tienen sus inventarios para fin de año. Por lo tanto, el estímulo de demanda, a estas alturas del campeonato, no tendrá un efecto multiplicador sobre cantidades, pero sí sobre los precios.
Además, por el lado de la oferta, el sector informal (comercio y servicios sobre todo) buscará su aguinaldo con el incremento de precios que, a su vez, es costo para otras empresas. Así, la espiral inflacionaria se propaga alimentada por las expectativas y la especulación. Habrá una inflación por costos.
El Gobierno puede buscar controlar la aceleración inflacionaria, pero afronta el dilema entre el pirómano (la política fiscal expansiva), que debe ayudar a ganar las elecciones en  2014, y el bombero de manguera corta (la política monetaria contractiva), que debe evitar la inflación.
De hecho, en las últimas semanas el Banco Central ha retirado 2.000 millones de bolivianos, aumentando la tasa de interés y el encaje legal, pero el aguinaldazo metió más gasolina al fuego de la inflación. Políticas monetarias restrictivas elevan las tasas de interés que encarecen el dinero y frenan la inversión.
También, para controlar la inflación, el Gobierno abarató las importaciones legales e ilegales vía apreciación del tipo real. Esta política seguirá, pero es otra puñalada a la industria nacional. Ciertamente seguirán los controles de precios y otras medidas administrativas, con resultados poco efectivos, como en el pasado. 
Con la inflación en alta, el 2G es un espejismo populista. Lo que entró por el bolsillo derecho saldrá por el izquierdo, comido por el impuesto-inflación.
4) El Gobierno sostiene que las empresas (pequeñas, medianas y grandes) están ganando dinero. Es torpe equipararlas. Desde el árbol de poder se reconoce que, en lo que va del año, las empresas privadas pagaron 7.194 millones de bolivianos por impuestos a las utilidades, lo que representa un aumento de 260% con respecto a 2005. Las empresas ya están haciendo una contribución al fisco.
Desde el punto de vista contable, el aguinaldazo es similar a otro impuesto, porque resta recursos a la empresa para reinversión y nuevos proyectos, especialmente a las PyME formales.
5) El Gobierno argumenta que el 2G fomentará la industria nacional. Ésta es otra "inverdad”. La economía boliviana, a pesar del discurso antineoliberal, es muy abierta al comercio mundial. Por cada dólar que recibimos de exportaciones, gastamos aproximadamente 80 centavos en importaciones. El bono navideño Evo Noel impulsará las importaciones legales e ilegales, que son competencia desleal para la producción nacional.
6) El aguinaldazo es como un impuesto a la formalidad y, por lo tanto, incentiva a que las empresas terciaricen el trabajo y, lo que es más grave, se refugien en el sector informal, donde todo vale y no hay Estado que sobrerregule. Piense en el sector cocalero.
El Gobierno presenta el 2G como una socialización de ganancias, pero, como fue visto, los impactos más estructurales van en la dirección contraria. La medida perjudica el desarrollo del sector privado, especialmente pequeño; fomenta la informalidad, provoca inflación, impulsa las importaciones legales e ilegales, matando la industria nacional y poniendo en peligro el empleo. Es fuego de paja populista que desorganiza la economía.
No hay duda de que el país necesita políticas públicas para mejorar los ingresos de toda la población, y no sólo del 20% que tiene un empleo formal. Un camino que se debe recorrer es una revolución productiva, pero esto, obviamente, no da votos.

Gonzalo Chavez A. es economista.