De aquella misma fuente que asegura que la economía está blindada o que no existe desaceleración de la economía cuando el Producto Interno Bruto (PIB) se reduce, viene la nueva ficción analítica: el déficit público neorrevolucionario no es un problema.
Los fríos datos muestran que ya van cuatro años consecutivos de brecha fiscal elevada. En 2014 este desajuste llegó al 3,4% del valor de mercado de todos los bienes y servicios producidos en Bolivia en un año (PIB). En 2015 este indicador saltó a 6,9%. En el 2016 se registró un 6,6% y este año, el agujero público podría llegar a 7,8% del Producto. Estas cifras negativas se registran después de siete años de constantes superávits fiscales. De manera telegráfica, déficit público es cuando el Gobierno gasta más que los ingresos que recibe; superávit es exactamente lo opuesto.
Intuitivamente, mucha gente tiende a pensar que los superávits son buenos, por lo tanto revolucionarios, y así fueron presentados por el régimen durante muchos años. Contrariamente, desde la cima del poder, nos bombardearon con la idea de que los déficits eran malos y cosas del oscuro pasado neoliberal, ya superado. Pero, ¡oh!, sorpresa: resulta que los agujeros fiscales reaparecieron con fuerza; pero ahora estos son buenos porque están en manos de los luminosos conductores del proceso de cambio. Sin embargo, pedir que haya cierta racionalidad, especialmente, con gastos superfluos, como en propaganda e inversiones inútiles, como en edificios del poder, continúa siendo una estrategia neoliberal. Pero no tan rápido, los economistas tienen un largo debate sobre las virtudes y defectos de los déficits públicos.
La lectura positiva o negativa de un superávit/déficit depende de varias circunstancias. Mencionemos las más importantes: de la forma de financiamiento, de la sostenibilidad (origen de ingresos y destino de gastos) y de la percepción de la gente.
En el tema fiscal, todo depende con el cristal con que se mire: un superávit público puede, por ejemplo, estar mostrando ineficiencias en la acción del Estado, a saber: falta de planificación y capacidad para ejecutar los gastos y las inversiones. Desde esta perspectiva, los superávits son malos e inútiles. No están sintonizados con las necesidades de la sociedad. Pero si este mismo dinero se guardara en un fondo de estabilización (una alcancía gigante), destinado exclusivamente a enfrentar períodos económicos difíciles, entonces estamos haciendo que el superávit sea sostenible; es decir, estamos ahorrando en periodos de auge económicos para el periodo de vacas flacas. Este es un estabilizador automático de la economía y tiene beneficios para la economía.
Lo mismo se puede decir del déficit público, en momentos de crisis económica y recesión aguda, cuando el sector privado no está invirtiendo lo suficiente, es legítimo y recomendable que el Estado gaste e invierta para sostener la demanda interna. Para ello puede endeudarse, gastar reservas internacionales o aceptar un déficit. Pero esto no es a ciegas, también es relevante saber en qué se gasta e invierte. Si las expensas son solamente en salarios, temas improductivos o lujos, el déficit no será sostenible y es malo. Pero si los dispendios e inversiones son en actividades rentables como en infraestructura productiva y tecnológica, educación o salud, por supuesto, el déficit puede ser sostenible, se pagará en el mediano y largo plazo. La condición es que la inversión pública tenga retornos, generando ingresos futuros, directos e indirectos, para el Estado y la sociedad.
Observando el portafolio de los gastos de capital de los últimos 11 años, hay muchas dudas sobre si se camina en la dirección señalada o ¿cuál es el beneficio de coliseos donde sólo juegan los ratones? ¿De aeropuertos a donde no llegan aviones? ¿De museos sin gente? ¿De edificios improductivos que además son un homenaje a la fealdad? ¿De carreteras que no conectan polos productivos? O ¿plantas petroquímicas sin gas ni mercados? ¿De empresa públicas sin insumos productivos? ¿De proyectos económicos que destruirán la naturaleza?
Para rebatir la sugerencia de racionalidad y serenidad con las cuentas públicas se apela a la vieja cantaleta de que ésta sería la vieja receta del Fondo Monetario Internacional. Pero, otra vez, vamos con calma que los santos de la procesión son fletados.
¡Oh sagrado asombro! Parece una infiltración del FMI en la gestión fiscal del oficialismo. Analizando con más precisión los datos del sector público, sí hay cortes en la inversión pública y los gastos de capital de inspiración neoliberal, pero son en las gobernaciones y municipios. Estos ítems se han reducido de 11,3% (2014) a 8,5% (2016). Contrariamente, el gobierno central mantiene elevadas sus inversiones, superiores al 3,1% en promedio, en el periodo 2014 y 2016. Quiere decir, para los gobiernos locales, la mayoría en manos opositores, un ajuste fiscal del tipo fondomonetarista; en cuanto para la administración central, las mieles del gasto sin restricciones.
Finalmente, un apunte sobre la eficiencia y eficacia del gasto e inversión pública: desde el año 2013 la economía se desacelera. Este fenómeno que el Gobierno se empeña en desconocer comienza el 2013, cuando se alcanza el pico del crecimiento del PIB, 6,8%. A partir de este momento comienza la desaceleración: en 2014 la velocidad de la economía baja a 5,5%; en el año 2015 se vuelve a desacelerar y se llega al 4,9%; un periodo después (2016) se alcanza un ritmo menor, 4,3%, y para este año que termina se prevé que llegue tan sólo al 4%, según los malos de la CEPAL.
La ralentización de la economía se da cuanto más aumenta la inversión pública. Probablemente la explicación de este fenómeno tiene que ver con la baja rentabilidad de la inversión estatal, la poca productividad de la economía y los límites de la demanda interna. Es decir, la calidad del gasto e inversión estatal. Pero, el keynesianismo de guitarreada sigue en las consignas de homenaje a sus héroes. ¿Patria o muerte? !Gastaremos!
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