Según un reciente estudio del FMI, Bolivia es el país con la mayor economía informal del mundo. Leandro Medina y Friedrich Schneider sostienen en Economías informales alrededor del mundo: ¿qué aprendimos en los últimos 20 años? que entre 1990 y 2015 en Bolivia el tamaño promedio de la economía informal fue de 62,3%.
La propaganda oficialista sostiene que Bolivia es líder regional en crecimiento económico, pero ahora también sabemos que es campeón mundial cuando se trata de economía subterránea, escondida o negra, todos sinónimos de informalidad. Por lo tanto, parte del crecimiento económico de los últimos años, basado en el mercado interno, se explica porque vendemos nuestra alma al diablo de la ilegalidad y, en algunos casos, de la delincuencia.
La informalidad no es ninguna novedad. Cualquier ciudadano boliviano que circule por las calles del país conoce este fenómeno. Lo que parece diferente en Bolivia es que la economía informal ha sido alentada en algunos casos, como el contrabando y el comercio ilegal -y tolerada en otros, como la producción de coca para la exportación con ahínco desde el Estado.
Por su propia condición, la economía sumergida es compleja de medir y conceptualizar. El estudio del FMI define la economía informal como aquella que incluye las actividades económicas que están ocultas a las autoridades gubernamentales; esto es, que no pagan impuestos, que no cumplen las normas laborales, de seguridad industrial, social y medioambiental, entre otras.
El estudio no incluye las actividades delictivas en la medición de la economía informal; por lo tanto, no contabiliza actividades criminales como el narcotráfico, la corrupción, el robo o la trata de personas. Si se incluyesen estas actividades en la medición, la economía informal podría ser aun mayor.
En la década de los años 80, durante la década perdida en América Latina, las actividades informales fueron entendidas como estrategias de sobrevivencia frente a la crisis recesiva y del desempleo. La economía informal era vista como un refugio de la gente mientras el aparato productivo se recuperaba. Frente al desempleo, la creación de pequeñas empresas y comercios era interpretada como tablas salvavidas en un mar enorme de la pobreza, incapaces de generar acumulación o ganancias.
Además, reflejaba el desencuentro entre el crecimiento demográfico, la urbanización desordenada y la falta de creación de puestos de trabajo. La informalidad era vista como un fenómeno coyuntural que debía revertirse cuando se recuperara el crecimiento económico y el Estado actúe puniendo a los infractores.
En los 90, Hernando De Soto, en su libro El otro sendero, revalorizó el sector informal y vio en éste un pujante capitalismo de los pobres que en realidad surgió por las excesivas y equivocadas regulaciones estatales. La burocracia, la tramitología y el exceso de cargas salariales e impositivas llevaban a los emprendedores populares a crear actividades en el sector informal.
De Soto afirmaba que las economías del continente eran duales, formales e informales. Muchas de las empresas y negocios tenían un pie en la legalidad y otro en la economía subterránea.
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En la última década, con la expansión de la economía informal en un contexto de crecimiento económico, el fenómeno de la informalidad es cada vez más complejo. Ya no es sólo el escondite de negocios chicos, sino también de empresas medianas y grandes con redes transnacionales, con enorme poder financiero y político. En el caso boliviano, la informalidad se concentra en el comercio y los servicios.
Además de las razones institucionales (carga salarial, tramitología, exceso de impuestos), que empujan a los negocios a la informalidad, se adicionaron políticas públicas que premiaron el ingreso a estas actividades. Un ejemplo de ello es mantener un tipo de cambio real apreciado, que fomenta las importaciones legales y de contrabando, creando un empleo de baja calidad, y un esquema de captura de enormes rentas por parte de una tradicional y una nueva burguesía comerciante.
Estos grupos organizados en poderosas corporaciones comenzaron a pesar electoral y políticamente. Similar análisis se puede hacer a los cocaleros o cooperativistas mineros, que también capturaron rentas en la informalidad.
En términos de desarrollo y en una perspectiva de largo plazo, se propició el traslado de población de un sector que mantuvo una baja productividad, como la agricultura, a otro de aun menor productividad, como el comercio y los servicios informales. La creciente urbanización del país refleja esta tendencia.
Esto generó un efecto riqueza, una enorme burbuja de consumo, pero no desarrollo estructural y productivo. Por supuesto, el crecimiento de la economía informal tuvo su correlato en la ampliación de la política informal con la creación de clientelas funcionales al populismo distribuidor de rentas. Así, los actores de la economía subterránea pasaron de sobrevivientes a protagonistas en la captura de rentas de la mano del Estado.
La propaganda oficialista sostiene que Bolivia es líder regional en crecimiento económico, pero ahora también sabemos que es campeón mundial cuando se trata de economía subterránea, escondida o negra, todos sinónimos de informalidad. Por lo tanto, parte del crecimiento económico de los últimos años, basado en el mercado interno, se explica porque vendemos nuestra alma al diablo de la ilegalidad y, en algunos casos, de la delincuencia.
La informalidad no es ninguna novedad. Cualquier ciudadano boliviano que circule por las calles del país conoce este fenómeno. Lo que parece diferente en Bolivia es que la economía informal ha sido alentada en algunos casos, como el contrabando y el comercio ilegal -y tolerada en otros, como la producción de coca para la exportación con ahínco desde el Estado.
Por su propia condición, la economía sumergida es compleja de medir y conceptualizar. El estudio del FMI define la economía informal como aquella que incluye las actividades económicas que están ocultas a las autoridades gubernamentales; esto es, que no pagan impuestos, que no cumplen las normas laborales, de seguridad industrial, social y medioambiental, entre otras.
El estudio no incluye las actividades delictivas en la medición de la economía informal; por lo tanto, no contabiliza actividades criminales como el narcotráfico, la corrupción, el robo o la trata de personas. Si se incluyesen estas actividades en la medición, la economía informal podría ser aun mayor.
En la década de los años 80, durante la década perdida en América Latina, las actividades informales fueron entendidas como estrategias de sobrevivencia frente a la crisis recesiva y del desempleo. La economía informal era vista como un refugio de la gente mientras el aparato productivo se recuperaba. Frente al desempleo, la creación de pequeñas empresas y comercios era interpretada como tablas salvavidas en un mar enorme de la pobreza, incapaces de generar acumulación o ganancias.
Además, reflejaba el desencuentro entre el crecimiento demográfico, la urbanización desordenada y la falta de creación de puestos de trabajo. La informalidad era vista como un fenómeno coyuntural que debía revertirse cuando se recuperara el crecimiento económico y el Estado actúe puniendo a los infractores.
En los 90, Hernando De Soto, en su libro El otro sendero, revalorizó el sector informal y vio en éste un pujante capitalismo de los pobres que en realidad surgió por las excesivas y equivocadas regulaciones estatales. La burocracia, la tramitología y el exceso de cargas salariales e impositivas llevaban a los emprendedores populares a crear actividades en el sector informal.
De Soto afirmaba que las economías del continente eran duales, formales e informales. Muchas de las empresas y negocios tenían un pie en la legalidad y otro en la economía subterránea.
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En la última década, con la expansión de la economía informal en un contexto de crecimiento económico, el fenómeno de la informalidad es cada vez más complejo. Ya no es sólo el escondite de negocios chicos, sino también de empresas medianas y grandes con redes transnacionales, con enorme poder financiero y político. En el caso boliviano, la informalidad se concentra en el comercio y los servicios.
Además de las razones institucionales (carga salarial, tramitología, exceso de impuestos), que empujan a los negocios a la informalidad, se adicionaron políticas públicas que premiaron el ingreso a estas actividades. Un ejemplo de ello es mantener un tipo de cambio real apreciado, que fomenta las importaciones legales y de contrabando, creando un empleo de baja calidad, y un esquema de captura de enormes rentas por parte de una tradicional y una nueva burguesía comerciante.
Estos grupos organizados en poderosas corporaciones comenzaron a pesar electoral y políticamente. Similar análisis se puede hacer a los cocaleros o cooperativistas mineros, que también capturaron rentas en la informalidad.
En términos de desarrollo y en una perspectiva de largo plazo, se propició el traslado de población de un sector que mantuvo una baja productividad, como la agricultura, a otro de aun menor productividad, como el comercio y los servicios informales. La creciente urbanización del país refleja esta tendencia.
Esto generó un efecto riqueza, una enorme burbuja de consumo, pero no desarrollo estructural y productivo. Por supuesto, el crecimiento de la economía informal tuvo su correlato en la ampliación de la política informal con la creación de clientelas funcionales al populismo distribuidor de rentas. Así, los actores de la economía subterránea pasaron de sobrevivientes a protagonistas en la captura de rentas de la mano del Estado.
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