La inflación por el ascensor, el salario por las gradas y la productividad en el sótano

Como todos los años, después del Carnaval la historia se repite: la Central Obrera Boliviana (COB) presenta sus demandas de incremento salarial maximalistas, una canasta básica de 8.000 bolivianos, se movilizan, presionan y juran una lucha hasta las últimas consecuencias. El Gobierno escucha con oído paternal, pero, al final, impone su paquete salarial.

Este año se determinó que el salario mínimo suba en un 20% y el resto de remuneraciones en un 10%. El debate se concentra en una puja sobre la recuperación de la pérdida por inflación y las pocas ganancias reales que ofrece el Gobierno.  Los discursos inflados de los líderes sindicales vuelven a las gavetas hasta el próximo año. El gran ausente en estas negociaciones es el que paga las reposiciones e incrementos salariales, el sector privado, que también reclama y patalea, pero termina acatando.  Es el eterno retorno de una vieja historia que apuesta a un modelo donde prevalece una visión distribucionista del excedente en el corto plazo, sobre una aproximación de desarrollo económico integral y sostenido en una ruta del largo plazo.

No hay la menor duda que en una economía que crece se debe buscar distribuir la riqueza entre todos los que contribuyeron a crearla, sobre todo el capital y el trabajo. Pero la pregunta central es saber con qué criterios y parámetros se divide la torta.

La reposición salarial por inflación es un espejismo monetario. Como decía  el padre de los pobres, Perón: durante todo el año los precios suben por el ascensor del edificio de la economía y el reajuste salarial asciende cansado y resignado por las gradas, y encuentra al elevador un año después.
El impuesto inflación que pagan los trabajadores, tanto del sector formal como informal,  financia al Gobierno y éste le devuelve el dinero, muchas veces sin intereses, sólo a los empleados del sector formal (20% de la población que trabaja) a final del año con el reajuste salarial.

Para el otro 80% de los trabajadores, que sobreviven en el sector informal, además del artero cuchillazo de la inflación, están los latigazos de la libre oferta y demanda del mercado laboral. Para un país con una enorme economía informal, más importante que las políticas salariales es el control de la inflación, porque así se preserva la renta de los trabajadores, que es más baja que el salario mínimo.
Ahora, es evidente que para el sector formal, en especial para el caso del salario mínimo y algunas remuneraciones, en algunos sectores han registrado aumentos del sueldo en términos reales, es decir, por encima de la inflación, pero éste fue calculado por el dedo de la política y no así por indicadores de productividad.

Los trabajadores merecen mejores salarios en proporción a su contribución al aumento en la producción, pero el Gobierno está más interesado en fomentar el corporativismo mascota y la lealtad política antes que  la competitividad. El incremento salarial es una dádiva del Yo Supremo antes que un reconocimiento por la militancia en la productividad.      

Desde finales del año pasado, la mano visible de la política, vestida de guantes electorales, actúa en el mercado laboral boliviano. Para muestra dos botones: el doble aguinaldo y el incremento salarial elevado de abril. En el primer caso significó un aumento de 7,6% si anualizamos el sueldo número 14. En el segundo, éste, el salario, subió en 20%.  Sumados ambos tenemos una subida de 27,6%, y si a esto restamos la inflación de 6,5% de  2013, llegamos un incremento real de 21%. Y si encima a fin de año vuelve otro segundo aguinaldo, como todo indica, las cosas se complican.

¿Podrán las empresas afrontar un incremento de costos de 35% en un poco más de un año? ¿Subió la productividad en la misma proporción en las firmas? Ciertamente, el sector público no tendrá problemas en pagar estos ordenados ya que tiene superávit fiscal debido a la bonanza externa.

¿Y qué dicen la empresa privadas desde la microeconomía del día a día? Pues, frente a la falsa idea de primero distribuir para después crecer, surge la  frialdad de los costos y la implacable estructura de mercado en que actúan las empresas.  Seguramente las compañías grandes que tienen cierto poder del mercado podrán repasar el aumento de costos salariales a sus precios. En estos casos son los consumidores  que pagaremos la jauja distribucionista.

Pero para empresas pequeñas o de mediano porte del sector formal, que actúan en mercados competitivos y que además sufren de la competencia de los productos importados, sólo les resta el cierre ignominioso o el abandono del edificio de la formalidad. A pelearla en el sui géneris mercado informal boliviano, donde todo vale y se puede pagar salarios que dictan la mano invisible. Es el nuevo modelo económico que socializa la pobreza.